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Edificación
en Capital: crecimiento en julio ANIVERSARIO Reglamentan
la ley de “compre argentino” Bienes,
obras y/o servicios
ACCION CONJUNTA SEGURIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN Para
el asesor presidencial Hugo Toledo la solución está próxima Nuevo
edificio corporativo OPINION Con
los Boden podrían adquirirse equipos viales Cursos
en la Facultad de Ingeniería Crean
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DE OBRA COMPLEJO
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Y CRISIS ECONÓMICA CONSTRUCCION
Y CRISIS ECONÓMICA Cursos en la SCA Investigan una privatización
EXPOVIVIENDA En La
Rural y con un toque francés Presentación
de un revoque exterior texturable Más
de 70 años creando productos y tecnologías para la construcción Jornadas
de Construcción en Seco Diseño
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La destrucción del marco políti- co-institucional que se obser- vó entre diciembre del año pasado y los primeros meses de 2002, sumada a la recesión que ya acumulaba más de tres años, pueden explicar fácilmente la parálisis de las obras de construcción a cargo del sector privado. Lo que debiera sorprender es que el Estado haya potenciado la contracción, al no otorgarle a la inversión pública la importancia que tiene, no sólo desde el punto de vista estructural o de largo plazo del país, sino también desde el punto de vista coyuntural. Si se tiene en cuenta la importancia de la construcción como demandante de mano de obra, lo primero que debería haber hecho el gobierno actual era asegurar la continuidad de las obras públicas en marcha. El cumplimiento de las metas de emisión monetaria, en un contexto de ausencia de financiamiento voluntario, tendría que haberse basado en ahorros en las áreas menos productivas del gasto público. Durante los primeros siete meses del año en curso, la ejecución presu-puestaria de la Inversión Real Di-recta (IRD) alcanzó a 151,4 millones de pesos, cuando debió haberse al-canzado una cifra de 285,2 millones de pesos, si se considera una ejecu-ción regular del crédito vigente a lo largo del período analizado. En promedio se ejecutó un 31% del crédito vigente, lo que significa un retraso de 27,4 puntos porcen-tuales por el momento, significando una pérdida de inversiones en obras públicas por 133,8 millones, en un contexto donde el aumento de los costos redujo el poder adquisitivo de los créditos no utilizados. Contrariamente a lo que venía-mos observando hasta finales de 2001, la reaparición de la inflación exige el menor retraso posible en la ejecución presupuestaria. La comparación de los niveles de ejecución de enero-julio de 2002 con igual período de 2001, muestra una caída de 46,2 millones de pesos, representando una merma de 23,4% nominal. Si a ello se le agrega el aumento del nivel general del costo de la construcción que relevó el Indec entre ambos períodos, la contracción fue de 34,6% real. El componente “construcciones” del IRD del sector público, que comprende la realización de obras y ampliaciones destinadas a edificios o a caminos, puentes, canales u otras obras públicas absorbió en ese período 122,9 millones de pesos de la ejecución, reflejando una pérdida de 86,4 millones respecto al crédito vigente del período. En términos porcentuales, la relación ejecutado-vigente se ubicó en 34,3% y cuando la comparación se realiza con la ejecución del mismo lapso de 2001, la caída alcanza a 35,6 millones de pesos, es decir una merma de 22,5% nominal (33,9% real). En lo que respecta a las transferencias de capital, la ejecución alcanzó a 750,8 millones de pesos y la relación ejecutado-vigente ascendió a 37,8% en el período analizado. Las transferencias de capital incluyen el Fonavi, el Fedei, el Fondo Vial, las transferencias a los concesionarios viales y a los ferrocarriles y el Fondo del Conurbano Bonaerense. En términos absolutos, la sub-ejecución fue de 407,1 millones y en relación con lo ocurrido en enero-julio de 2001, significó una contracción de 397,2 millones y una baja de 34,6% nominal (44,2% real). Luego de años de utilizarse a la inversión en construcción pública como variable de ajuste, debería considerarse como política prioritaria asegurar el desarrollo de la infraestructura económica y social, herramienta básica para el desarrollo y el crecimiento económico de un país. Adicionalmente y si bien no se pueden negar las restricciones fiscales de corto plazo que se enfrentan, hay que tener presente el impacto positivo que esta estrategia tendría en lo inmediato sobre la situación ocupacional y social. |